El pasado martes 17 de noviembre una profesora que imparte clase en el módulo de formación básica del PCPI del I.E.S. Rusadir de Melilla ha sido agredida durante el transcurso de la misma.
La compañera no ha denunciado porque, según ella, no sirve para nada, ya que los menores no tienen ningún tipo de responsabilidad penal, además, como podimos comprobar los compañeros de la asignatura, que asistimos absortos al relato que de la agresión realizó nuestra compañera, estos menores suelen ser reincidentes.
Ahora bien, la cuestión es bien diferente. Debemos considerar que se trata de una agresión a una docente en el ejercicio de su profesión y como tal, si no hacemos nada, mañana nos puede tocar a uno de nosotros.
En este sentido se plantean tres cuestiones que merece la pena analizar: por un lado, ¿por qué se tiene tanto recelo ante la denuncia?, por otro ¿cambiarían las cosas si el profesor fuera considerado como una autoridad? y finalmente, ¿serían conveniente que se aplicara el RRI de los Centros con más determinación?
Sin duda, se debe denunciar ante agresiones como las sufridas por nuestra compañera porque de lo contrario, ¿dónde está nuestra dignidad? ¿cómo hacernos sino respetar ante los alumnos?
Si el profesor fuera considerado una autoridad, como en Cataluña, ante una agresión de este tipo sería la propia fiscalía la que, de oficio, establecería la oportuna denuncia sin esperar a que el profesor denunciara. Pero esta no es la solución, ya que en casos como éste quizás ni siquiera la fiscalía se percatara de lo ocurrido.
A mi juicio, estos problemas se pueden resolver con una aplicación decidida del RRI de los centros por parte de los equipos directivos que deben ser los garantes de hacer cumplir los derechos y los deberes que asisten a todos los agentes de comunidad educativa.
La compañera no ha denunciado porque, según ella, no sirve para nada, ya que los menores no tienen ningún tipo de responsabilidad penal, además, como podimos comprobar los compañeros de la asignatura, que asistimos absortos al relato que de la agresión realizó nuestra compañera, estos menores suelen ser reincidentes.
Ahora bien, la cuestión es bien diferente. Debemos considerar que se trata de una agresión a una docente en el ejercicio de su profesión y como tal, si no hacemos nada, mañana nos puede tocar a uno de nosotros.
En este sentido se plantean tres cuestiones que merece la pena analizar: por un lado, ¿por qué se tiene tanto recelo ante la denuncia?, por otro ¿cambiarían las cosas si el profesor fuera considerado como una autoridad? y finalmente, ¿serían conveniente que se aplicara el RRI de los Centros con más determinación?
Sin duda, se debe denunciar ante agresiones como las sufridas por nuestra compañera porque de lo contrario, ¿dónde está nuestra dignidad? ¿cómo hacernos sino respetar ante los alumnos?
Si el profesor fuera considerado una autoridad, como en Cataluña, ante una agresión de este tipo sería la propia fiscalía la que, de oficio, establecería la oportuna denuncia sin esperar a que el profesor denunciara. Pero esta no es la solución, ya que en casos como éste quizás ni siquiera la fiscalía se percatara de lo ocurrido.
A mi juicio, estos problemas se pueden resolver con una aplicación decidida del RRI de los centros por parte de los equipos directivos que deben ser los garantes de hacer cumplir los derechos y los deberes que asisten a todos los agentes de comunidad educativa.
